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La petición se dio en virtud de la denuncia penal realizada por el abogado Marcelo Arancibia, para investigar los gastos en caños y materiales, más el endeudamiento de la provincia de San Juan para una obra que finalmente nunca se terminó y que apenas se concretó en un mínimo porcentaje durante el gobierno anterior.
La obra no se hizo, la provincia se endeudó en dólares, la plata se gastó y el acueducto no está y ahora se espera, en adelante, que el Ministerio Público Fiscal formalice audiencia para tal fin.
Los hechos podrían configurar delitos graves contra la administración pública. De hecho, se investiga si hubo incumplimiento de los deberes del funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita para defraudar al Estado.
El texto también solicita que se investigue la presunta participación de funcionarios provinciales en los períodos de gobierno que fueron entre el 2015 y el 2019, y el 2019 y el 2023.
Se investiga si los funcionarios tuvieron competencia en la contratación de obra pública, control de calidad y certificaciones, sin dejar afuera de la investigación a la empresa Krah.
También solicita la investigación sobre posibles direccionamientos de licitaciones públicas por manifestaciones de integrantes de las empresas competidoras en ese trámite público, las cuales habrían señalado que los pliegos licitatorios podrían haber sido diseñados para favorecer a la empresa investigada, sacando a la competencia.
De comprobarse este último punto, se configura el delito de abuso de autoridad según el Artículo 248 del Código Penal, entre otros.
